Siete mil personas presentaron una acción de grupo y denuncia penal por la afectación de la explotación carbonífera en el centro del Cesar.
La Fiscalía General de la Nación designará el fiscal que tendrá a su cargo el caso de la denuncia penal presentada por siete mil personas contra las empresas Drummond, Colombian Natural Resourses, Prodeco, Consorcio Minero Unido, Carbones de La Jagua y Carbones El Tesoro, por los presuntos delitos de lesiones personales, daño en los recursos naturales y contaminación ambiental.
La denuncia fue presentada el jueves pasado ante el despacho del Fiscal General en Bogotá y se espera que esta semana se designe el fiscal delegado.
Todas explotan carbón en el centro del Departamento del Cesar, actividad que según los denunciantes ocasiona la afectación en la salud de los habitantes en esta zona y un gigantesco deterioro a los ecosistemas y al medio ambiente.
La denuncia recoge la queja de siete mil personas, entre extrabajadores de las compañías y miembros de la comunidad en los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso, Chiriguaná, Becerril y Codazzi, que conforman el corredor minero del Cesar.
Según Miguel Ángel Castilla, uno de los denunciantes, se le solicitó a la Fiscalía hacer confrontaciones médicas y estudios sobre el impacto de la explotación del carbón en estos territorios, a fin de verificar los efectos en la salud de las personas y la degradación de los recursos naturales.
Las firmas DS Legal Solutions y Al Abogados, son los apoderados de los 7.000 habitantes que reclaman sus derechos y sanciones por los daños causados por estas empresas.
Además de las denuncias penales, también instauraron una acción de grupo para obtener el reconocimiento y pago de indemnizaciones por perjuicios, y una demanda laboral por el estado patológico de los trabajadores como consecuencia de las condiciones de riesgo por agentes físicos, químicos y biológicos en medio de las cuales ejercen su labor.
Aguas contaminadas se concentran en las zonas cercanas a la zona explotación minera.
En la zona predominan enfermos producto de la carbonilla, aguas contaminadas, mala calidad de vida de quienes viven a lo largo del corredor minero, el incumplimiento contractual de las empresas y la desigualdad laboral.
De acuerdo con la denuncia, la complejidad de la operación de la mina Pribbenow de Drummond en 1995, la mina La Francia por parte de Colombian Natural Resources (CNR) en el año 2000; la mina Cerro Largo centro en 2004 y El Descanso en el año 2009 por parte de Drummond, y posteriormente las minas El Hatillo y Cerro largo sur en el 2012 por parte de CNR, convirtieron el corredor carbonífero del Cesar en un mal ejemplo ambiental con alta repercusión en la calidad de vida tanto para humanos como animales.
LA REALIDAD DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS. Las historias clínicas de los habitantes de la zona, van desde problemas en la columna, el deterioro auditivo y visual; enfermedades causadas por vibraciones, hasta trastornos de las vías respiratorias, dermatosis alérgica de contacto, urticaria, síndrome del túnel carpiano y cáncer pulmonar.
Las encuestas de enfermos del Sisben en los municipios del Paso y La Jagua de Ibirico, los diagnósticos adelantados por la Secretaría de Salud departamental con cifras altas en bronconeumonía, asma, amigdalitis, rinofaringitis y dermatitis; y los testimonios de los afectados, confirman una realidad ocasionada por la contaminación de la actividad minera.
En reciente visita al corredor minero, EL HERALDO obtuvo declaraciones alarmantes como la del médico del puesto de salud del corregimiento Loma de Calenturas, en el municipio de El Paso, Alfonso Martínez, quien indicó que el 60% de los pacientes que llegan a consulta en este centro asistencial, lo hacen con problemas respiratorios, y no solo son de esa localidad, sino de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón, ubicados cerca a las minas de carbón.
"Una cosa era el antes y otra el después de la actividad minera en materia de salud en estas zonas" sostuvo Martínez. Las cifras son cada vez mayor, de acuerdo con la oficina de Vigilancia Epidemiológica de la secretaría de Salud del Cesar, el año pasado las infecciones respiratorias en ese corredor estaban por encima de las registradas en 2012.
En el municipio de El Paso, en 2013, se registraron 4.697 consultas por enfermedades respiratorias, mientras que el año 2012 terminó con 4.432; La Jagua de Ibirico pasó de registrar 2.813 casos en 2012 a 3.644 en la pasada vigencia y en Codazzi en 2012 fueron atendidas 3.177 personas frente a las 6.929.
La mayor tasa de morbilidad, según señaló la coordinadora de Vigilancia Epidemiológica seccional, María Teresa Garcés, se presenta en El Paso con una incidencia de 1.989 por cada 10.000 habitantes.
POR:
MIGUEL BARRIOS
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